Más de 30 organizaciones ambientalistas han unido fuerzas para enviar una misiva a los legisladores entrerrianos, instándolos a no aprobar la polémica Ley Ómnibus, impulsada por el gobierno de Javier Milei. En el comunicado, las entidades expresan su rechazo a las modificaciones ambientales propuestas en la ley, calificándolas como “manifiesta y profundamente inconstitucionales” y advirtiendo sobre los riesgos de atentar contra la institucionalidad democrática y afectar el espíritu de las leyes ambientales y los acuerdos internacionales.
La misiva, dirigida a los legisladores entrerrianos, incluyendo a miembros de Juntos por el Cambio y Unidad por Entre Ríos, detalla los fundamentos para oponerse a la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que será debatida en la presente semana.
En el documento, diversas organizaciones, como la Multisectorial por los Humedales Paraná, la Red Ecosocialista MST, el Foro Ecologista de Paraná y la Coordinadora por una Vida sin Agrotóxicos en Entre Ríos: Basta es Basta, expresan su preocupación y rechazo a las propuestas de modificación que introduce la Ley Omnibus en leyes ambientales existentes.
Principales puntos de preocupación:
Ley 26.639 de Glaciares: Las modificaciones propuestas podrían poner en riesgo la protección de glaciares y ambientes periglaciares, permitiendo actividades extractivistas que afectarían el suministro de agua dulce del país.
Ley 26.562 Control de Actividades de Quema: Se destaca el aumento de 30 a 90 días para la autorización de quemas, lo que podría conducir a la desregulación de las quemas en todo el territorio nacional, afectando la salud de la población y el medio ambiente.
Ley 26.331 de Bosques Nativos: A pesar de las modificaciones, persisten preocupaciones sobre la desfinanciación de la ley y otros cambios que comprometen la preservación de los bosques nativos y la biodiversidad.
Transición Energética: Se cuestiona la autenticidad de la transición energética propuesta, señalando que debe ir más allá de cambios en la matriz energética y abogando por un enfoque inclusivo y transparente que respete los derechos ambientales y la participación ciudadana.
Ley de Semillas: La adhesión a la Convención Internacional sobre la Protección de Nuevas Variedades Vegetales (UPOV 91) se critica por representar la privatización de las semillas, perjudicando a productores agrícolas y favoreciendo a corporaciones transgénicas.
Ley 26.815 Manejo del Fuego: La derogación de las prohibiciones de cambio de uso del suelo después de un incendio se considera una regresión en la protección de los ecosistemas, especialmente los humedales, pastizales y bosques.
Las organizaciones ambientalistas concluyen la misiva instando a los legisladores a rechazar categóricamente las modificaciones propuestas, asegurando que estas podrían tener consecuencias irreversibles en la calidad de vida de la población y el equilibrio ambiental del país. Además, destacan la responsabilidad histórica de los legisladores en la preservación de los bienes comunes y la construcción de un Estado moderno comprometido con el desarrollo sostenible.