Un decreto reciente firmado por el gobernador Rogelio Frigerio dispone la aplicación de la pena máxima a los conductores que se nieguen a realizarse el test de alcoholemia en la provincia de Entre Ríos. Según la nueva normativa, la negativa será sancionada con multas que oscilarán entre 500 mil y 1 millón de pesos, además de la inhabilitación para manejar por un período de entre uno y dos años. Asimismo, se procederá a la retención del vehículo y de la licencia de conducir. Así lo informó el subcomisario Cristian Moreyra, quien además precisó que la medida comenzará a regir a partir del próximo 8 de agosto.
Moreyra explicó que “la ley nacional de tránsito prevé en su artículo 73 que cada persona que esté ante un eventual control, ya sea por lo que es documentación y complemento con esto un control de alcoholemia, debe someterse a ese control. En caso contrario, se considerará como una persona que se está negando al control y se tomará como positivo, sin graduación pero positivo”. A partir del 8 de agosto, esta nueva reglamentación de la provincia entrará en vigor, y las personas que se nieguen enfrentarán una sanción máxima que antes estaba prevista por unas 300 unidades de aplicación. Ahora, la sanción será de entre 500 y 1000 unidades fijas, con una inhabilitación de un año.
El subcomisario resaltó que estas medidas adoptadas por la provincia tienen como objetivo principal prevenir siniestros viales y garantizar la seguridad en las rutas. “Estas son todas medidas adoptadas por la provincia para prevenir siniestros viales”, concluyó Moreyra.