La reciente revalidación obligatoria para guardavidas, implementada por el gobierno provincial la semana pasada, ha generado una controversia que enfrenta al municipio con el Sindicato Único de Guardavidas (Sugara), que califica la medida de “ilegal”. La prueba, que el municipio considera esencial para la próxima temporada, introdujo modificaciones en los parámetros evaluativos, que el concejal Mauricio Rey defendió como necesarios para aumentar la seguridad de los bañistas.
En su declaración, Rey, concejal oficialista, resaltó que el cambio de requisitos tiene como objetivo asegurar una mayor idoneidad entre los guardavidas: “Este gobierno está poniendo orden en varias cuestiones que antes carecían de un criterio adecuado. Las pruebas anteriores no garantizaban la idoneidad, y ahora se ha decidido, desde la Secretaría de Salud, priorizar una evaluación más rigurosa”, explicó.
Uno de los puntos de conflicto es la sustitución de una normativa de 2020 que establecía un nado de 200 metros en 5 minutos como prueba de aptitud. “En el Concejo Deliberante derogamos esa ordenanza porque presentaba varias falencias, especialmente en su artículo 4”, indicó Rey, quien además explicó que un nuevo análisis de la Secretaría de Salud reveló que el tiempo debía ajustarse y que era necesario sumar otras evaluaciones de competencia. Así, el requisito fue modificado a un nado de 200 metros estilo Kroll en un tiempo máximo de 4 minutos.
Sugara sostiene que este cambio en los parámetros es una exigencia innecesaria y excluyente, pero Rey refutó esta afirmación señalando que “20 personas lograron cumplir con la prueba, lo que demuestra que no es un objetivo imposible”. Además, el concejal subrayó que el reclamo del sindicato podría tener motivaciones que van más allá de la capacidad física de los guardavidas, aunque afirmó no comprender del todo el trasfondo de la objeción sindical.