Esta semana, el gobierno de Javier Milei anunció el inicio del proceso de licitación para privatizar importantes corredores viales, argumentando la necesidad de reducir el gasto público. El plan contempla concesionar rutas estratégicas para el comercio del Mercosur, comenzando con las rutas 12 y 14, que conectan las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes.
Actualmente, estas rutas son gestionadas por Caminos del Río Uruguay (CRUSA), cuyo contrato vence el 9 de abril. Sin embargo, la situación está lejos de ser sencilla. CRUSA presentó un reclamo al Estado Nacional por 300 millones de dólares, denunciando incumplimientos contractuales y atrasos en los ajustes tarifarios. En un intento por resolver el conflicto, la empresa propuso extender su concesión a cambio de retirar la demanda, incluyendo un incremento del peaje en Zárate del 140%.
A pesar de la propuesta de CRUSA, el gobierno confirmó la existencia de otras ofertas para operar las rutas, destacándose un consorcio formado por tres constructoras que planea una inversión cercana a los 600 millones de dólares.
El plan de privatización no se limita a estos corredores. También se prevé concesionar más de 8.000 kilómetros de rutas en diversas provincias, incluyendo la Ruta Nacional 33 en Santa Fe, la 18 en Entre Ríos y la 19 en Córdoba. Este movimiento representa un cambio profundo en la gestión de la infraestructura vial del país.
El esquema de licitación establecerá estrictas obligaciones para los futuros concesionarios. Entre las tareas requeridas se encuentran la reparación de baches, el mantenimiento de banquinas, la instalación de señalización horizontal y vertical, y la mejora de la iluminación. Solo después de cumplir con estas condiciones podrán implementar las nuevas tarifas de peaje.
De los 40.000 kilómetros de rutas nacionales, las constructoras consideran que solo 1.000 kilómetros son realmente rentables, incluyendo los accesos a la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y la Ruta 3. Esto plantea un desafío significativo para expandir el modelo de concesión a otras regiones del país.