Este miércoles, el Gobierno de Entre Ríos presentó ante la Corte Suprema de Justicia una demanda contra el Estado Nacional, alegando un perjuicio financiero considerable derivado de la fórmula que determina los excedentes que la provincia recibe a cambio de la energía suministrada al sistema eléctrico nacional desde la represa de Salto Grande. El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, y la secretaria de Energía, Noelia Zapata, anunciaron el reclamo en una conferencia de prensa este jueves, especificando que incluye una deuda acumulada de aproximadamente 175 millones de dólares desde 2013.
Reclamos centrales de Entre Ríos:
Modificación en el precio de la energía: Entre Ríos solicita que se revise el método de fijación de precios de la energía para que la provincia reciba excedentes económicos proporcionales al valor de la energía que produce. Actualmente, el Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Energía, establece el precio de esta energía, lo que, según el Ejecutivo entrerriano, genera un impacto económico negativo para la provincia.
Inconstitucionalidad de las resoluciones: La demanda pide a la Corte que declare inconstitucionales las resoluciones que definen los precios actuales, los cuales se consideran desfavorables para Entre Ríos.
Cálculo de daño ambiental: Entre Ríos exige que el Estado Nacional realice un estudio sobre el impacto ambiental que ha causado la represa de Salto Grande, como parte de la compensación que corresponde a la región.
Cumplimiento de obras prometidas: La demanda también abarca el incumplimiento de proyectos de infraestructura que la Nación se comprometió a realizar en beneficio de las comunidades cercanas a Salto Grande.
Rodríguez Signes destacó la “decisión política” del gobernador Rogelio Frigerio para llevar el caso ante la Corte, y aclaró que el reclamo no tiene términos de prescripción, lo cual permitiría a la provincia reclamar las sumas adeudadas sin limitaciones de tiempo.
De acuerdo con las autoridades entrerrianas, la falta de ingresos adecuados afecta la capacidad de inversión en la región. Si la Corte falla a favor de la provincia, los fondos recuperados se destinarán a CAFESG para obras y proyectos de desarrollo en la región de Salto Grande. Sin embargo, Rodríguez Signes y Zapata no descartaron la posibilidad de un acuerdo político que permita resolver el conflicto con el gobierno central sin necesidad de un proceso judicial prolongado.