En la mañana de este lunes, la Justicia resolvió frenar por seis meses el desalojo de los terrenos ubicados en Pampa Soler, una decisión tomada tras una reunión en los tribunales de calle Mitre, donde participaron todas las partes involucradas en el conflicto.
Minutos antes de las 9, una delegación de vecinos, acompañada por su abogado Carlos Conti, ingresó al edificio judicial para ser parte del encuentro encabezado por el Juez Civil Gabriel Belén, quien lleva adelante la causa. También estuvieron presentes los representantes legales de los propietarios de las 18 hectáreas en disputa, el Secretario de Gobierno del municipio, Luciano Dell Ollio, y funcionarios del Ministerio Público Fiscal.
Cabe recordar que el desalojo había sido ordenado para este lunes 16 de diciembre, pero sobre el final de la semana pasada, la medida fue suspendida inicialmente por 72 horas.
La principal novedad surgida de la reunión es el acuerdo entre todas las partes para postergar el desalojo por seis meses. Durante este tiempo, se espera avanzar en las gestiones a nivel nacional para que los terrenos queden alcanzados por la Ley de Expropiación en el marco de la Ley 27.453.
Esta normativa establece que los terrenos registrados en el RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares) y con edificaciones correspondientes a barrios populares, pueden ser declarados de utilidad pública y sujetos a expropiación.
El abogado de los vecinos, Carlos Conti, calificó la decisión como “prudente” en una entrevista con la radio pública, destacando que permitirá buscar soluciones legales y organizativas para el problema. Según Conti, la situación de los vecinos es crítica: “Los vecinos están en una situación caótica, de crisis, de angustia. Es una situación terrible. Los dueños buscan el beneficio de su propiedad privada, y nosotros estamos en el medio, con varias organizaciones que vienen trabajando para compensar los intereses y resolver esto.”
Entre las alternativas planteadas, se discutió la posibilidad de una expropiación provincial, además de la utilización de herramientas legales contempladas en la Ley de Barrios Populares. Esta normativa permitiría compensar al propietario con el pago correspondiente, mientras se trabaja en un esquema para que los vecinos puedan adquirir los terrenos en el futuro.
“Los vecinos han manifestado su voluntad de pagar, pero eso sería la última etapa. Primero, se debe analizar cómo se compensa al propietario a través de las herramientas del Estado. Luego, la municipalidad tendrá que organizar el esquema de pago para los vecinos”, explicó Conti.
El abogado también relató la desesperación vivida por los habitantes de Pampa Soler ante la inminencia del desalojo: “Hoy les decías que tenían que pagar un millón de dólares y te decían que sí. Estaban desesperados porque había presencia policial y se esperaba el desalojo.”
La medida trae un respiro para las familias de Pampa Soler que, desde hace tiempo, vienen solicitando la regularización de las tierras en las que residen.