Judiciales

Los abogados Rubén A. Pagliotto y Eduardo M. Vugner, representantes legales de la querella particular, han presentado una solicitud formal al Procurador General de la provincia, Dr. Amílcar García, para que el fiscal Mauro Quirolo se dedique exclusivamente a la investigación de lo que calificaron como la “Desaparición Forzada” de Enrique Fabiani. La petición subraya la complejidad y gravedad del caso, exigiendo una atención completa y sin distracciones por parte del fiscal.

Enrique Fabiani, oriundo de la localidad de Santa Clara de Buena Vista, Santa Fe, desapareció el 4 de junio de 2024, en circunstancias que aún no han sido esclarecidas. Fabiani fue visto por última vez en un campo entrerriano, límite entre los departamentos de Villaguay y la Paz, propiedad que ha sido foco de contradicciones y falta de información, tanto del propietario como de algunos funcionarios policiales de la Brigada de Abigeato de Bovril.

Los abogados han señalado «claroscuros» en la información proporcionada por estas fuentes, lo que ha dificultado la investigación. Pese a los esfuerzos de búsqueda, que han involucrado a distintas brigadas de bomberos, fuerzas especiales, drones, buzos tácticos, canes adiestrados y personal de criminalística, no se han encontrado pistas significativas sobre el paradero de Fabiani. La situación ha llevado a considerar la desaparición como un caso de «Desaparición Forzada de Personas», tipificado en el artículo 142 ter del código penal.

Los abogados destacan el trabajo del fiscal Quirolo, describiéndolo como «denodado, eficiente, transparente y humano». Aseguran que su profesionalismo y compromiso no están en duda, y que ha mostrado disposición para recibir sugerencias y escuchar a los familiares de Fabiani.

«SE RUEGA DAR ACUSE DE RECEPCIÓN DEL PRESENTE. Atte. Abogados Rubén Pagliotto y Eduardo Vugner.

Señor Procurador General,

Rubén A. PAGLIOTTO y Eduardo M. VUGNER, abogados de la matrícula, cumpliendo el rol procesal de representantes legales de la QUERELLA PARTICULAR debida y oportunamente constituida de acuerdo a los cánones rituales, al Sr. Procurador General, como en derecho mejor proceda, formal y puntualmente, SOLICITAMOS:

En atención a la desaparición, desde el día 4/06/2024 del ciudadano Enrique FABIANI, oriundo de la localidad de Santa Clara de Buena Vista (Santa Fe), en función de claroscuros que rodean el trágico y gravísimo caso, ora como inconsistencias, ora como contradicciones y retaceo de información, por un lado, de parte del propietario del campo en que fue visto por última vez el padre de los querellantes y, por otro, de algunos funcionarios policiales que prestan servicios en la Brigada de Abigeato de la localidad de Bovril, es que entendemos necesario, oportuno e imprescindible en aras de la eficiencia de la pesquisa, que se afecte al Fiscal Mauro Quirolo de la UFI de Villaguay, con exclusividad y a tiempo completo a la IPP de este complejo, escarpado y aleve caso, eximiéndolo del trámite de las demás causas que se ventilan bajo su jurisdicción y competencia.

Entendemos que dado el tiempo transcurrido desde su desaparición sin novedades al respecto, pese a la intensa búsqueda llevada adelante por personal policial, de distintas brigadas de Bomberos de esta y otras provincias, fuerzas especiales como la de la policía de Chaco a través de la manipulación de drones especiales, buzos tácticos, canes adiestrados y personal de criminalística y de la Dirección de Protección de Personas del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, estamos claramente y en base a tristísimas experiencias pretéritas, frente al tipo penal de DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, tipificado en el art. 142 ter del catálogo represivo.

Tal tipo penal, sin perjuicio de los deletéreos efectos que provoca en los círculos afectivos de la víctima y en el propio tejido social, implica la existencia de un contexto muy complejo, contradictorio y poco amigable con las buenas prácticas de rutina o habituales.

Es en esa inteligencia y por las razones brevemente apuntadas, cuya notoriedad nos releva de dar más detalles, que venimos a solicitar que se lo afecte al Fiscal aludido con exclusividad a la investigación de este excepcional y deleznable caso, donde parecería que alguien, por obra y magia de fuerzas sobrenaturales, desaparece de la faz de la tierra, sin dejar un mísero rastro siquiera.

El Dr. Mauro Quirolo, destacamos con expresa mención, ha desempeñado desde el inicio mismo de esta causa, una denodada, eficiente, transparente y humana labor investigativa, presto siempre a recibir sugerencias de los letrados y escuchar a los familiares del ciudadano desaparecido. Su profesionalismo, rectitud y compromiso, no están puestos en duda, sino todo lo contrario. Es por ello que para que pueda atender con la mayor eficacia y celeridad este derrotero investigativo asaz intrincado, se lo debe afectar tiempo completo a la IPP de esta causa, dispensándolo de las decenas llevadas en su jurisdicción y bajo su responsabilidad funcional.

Se pone también en conocimiento del Sr. Procurador, que el prestigioso y mundialmente reconocido Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) ha tomado activa participación en esta búsqueda, a partir de una acertada decisión del fiscal de causa al convocarlos, lo que revela ipso facto, el inusitado nivel de gravedad que reviste este abominable hecho, donde cada día que pasa, la verdad huye con más prisa, dejando una amarga sensación de execrable impunidad en propios y extraños.

Por los motivos brevemente expuestos, descontamos que tendrá favorable acogida nuestro pedido relativo a la dedicación del fiscal tiempo completo y exclusivo de esta causa.

Acceder. Es justo.»

Esta mañana, en la Sala de Audiencias de Tribunales de Concordia, el Juez de la Sala Penal, Germán Dri, dictó sentencia en la causa caratulada como homicidio culposo, por la muerte de Claudia Bertoldi, en septiembre de 2020, mientras se sometía a una sesión de carboxiterapia en el consultorio de la kinesióloga Soledad Mitre. La acusada, quien no estuvo presente, recibió una sentencia de tres años y medios de cumplimiento efectivo y deberá cumplirla en la cárcel de mujeres de Paraná. El fiscal Martín Núñez había solicitado cuatro años de prisión mientras que el defensor de Mitre, el abogado Miguel Ángel Cullen, había pedido la absolución de su defendida.

«Más allá de que esperábamos otra condena, creo que el juez estuvo a la altura de las circunstancias y las pruebas son muy relevantes como para dejarla pasar. La Justicia se tuvo que poner los pantalones para dar esta sentencia», indicó Alberto Bertoldi, el hermano de Claudia.

El hermano también remarcó que la causa tuvo tres años y medios en ser elevada a juicio. «Lamentable que una condenada como ella no esté acá. Eso es lo que tendríamos que hacerle pasar, la vergüenza de haber sido declarada culpable y que ella esté presente acá», indicó Bertoldi.

El lunes de la semana pasada, el fiscal Martín Núñez había solicitado cuatro años de prisión (más de tres años son de cumplimiento efectivo) por homicidio culposo. Alegó que no hubo intención de producir la muerte por parte de la kinesiología hacia la víctima. Sin embargo, también fue muy claro respecto de que ejerció una conducta imprudente al realizar un tratamiento que invade un área de la medicina.

Núñez explicó que el 23 de septiembre de 2020, Bertoldi acudió al centro kinesiológico atendido por Mitre para realizarse una carboxiterapia. En el transcurso de la sesión, falleció por un shock cardiogénico por inyectar gas carbónico en una vena lo que produjo una embolia gaseosa.

El fiscal remarcó que Mitre cometió un acto de invasión propio de la medicina que hubiera correspondido a un cirujano plástico. Se apoyó en los dichos de los médicos que pasaron por Tribunales quienes remarcaron que “éste es un acto de la medicina”.

“Espero que a partir de este caso quede claro que no se puede invadir el cuerpo de una persona inyectando sustancias o medicamentos sin ser médico”, aseveró Núñez en los alegatos.

Fuente: DIARIOJUNIO

El lunes pasado, en la Sala Penal de Concordia, se reanudó el juicio por la trágica muerte de Claudia Bertoldi, ocurrida el 23 de septiembre de 2020 durante un tratamiento de carboxiterapia en el consultorio de la kinesióloga Soledad Mitre. La jornada comenzó con la negativa del Juez de Garantías, Germán Dri, a la solicitud de recusación del fiscal Martín Núñez por presunta falta de imparcialidad, presentada por el abogado de la defensa, Miguel Ángel Cullen.

Acto seguido, Mitre tomó la palabra entre lágrimas, ofreciendo disculpas a la familia de la víctima y detallando los eventos ocurridos durante el fatídico día. La kinesióloga afirmó que Bertoldi era una paciente habitual y que había recibido el mismo tratamiento en ocasiones anteriores. Relató que, luego de realizar algunas punciones, la paciente manifestó sentirse mal al cambiar de posición, momento en que se iniciaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Mitre explicó que, aunque se llamó a una ambulancia, ella y su esposo continuaron con las maniobras de RCP hasta la llegada del vehículo de emergencia.

Mitre también compartió el impacto emocional que tuvo la acusación pública sobre su persona y su familia, justificando su reticencia inicial a acercarse a los familiares de Bertoldi por temor a represalias y agresiones. Asimismo, expresó su deseo de poner fin a este largo proceso judicial, reafirmando su convicción en la práctica realizada y su disposición a colaborar con la investigación.

“Llamarme asesina y que mis hijos tengan que escuchar eso….me disculpó por no acercarme, no tuve el valor de hacerlo”, indicó.

“Todos estos años de espera no solo fueron para la familia de Claudia una tortura, sino que para mí también. Fui señalada, fui agredida en todos estos años no solo yo son también mi familia y yo también quiero darle un cierre a esto. Esta es mi verdad y no tengo nada que ocultar. Yo honestamente, si me preguntan si estoy segura de lo que hice les digo que sí. No era la primera vez que lo hacía, que se lo hacía a Claudia. No me generaba ni dudas un temor ni mucho menos voy a tener la intención de ir a hacerle daño a una persona”, remarcó.

Por su parte, el fiscal Núñez argumentó que la muerte de Bertoldi fue causada por un shock cardiogénico debido a una embolia gaseosa, ocasionada por la inyección de gas carbónico en una vena. Descartó posibles fallos en el equipo utilizado para el tratamiento y señaló que no hubo demora en la atención de la paciente.

Núñez destacó la complejidad del caso, subrayando que la práctica realizada por Mitre excedía sus competencias como kinesióloga y constituyó un acto prohibido propio de la medicina. Apoyándose en testimonios de médicos forenses, el fiscal argumentó que la forma de aplicación del gas carbónico fue incorrecta y que la muerte de Bertoldi fue consecuencia de una imprudencia profesional.

Enzo Vargas tenía 22 años. Anoche, minutos antes de las 10 pm, estaba comprando en un kiosco cerca de su casa, en la esquina de República Argentina y Pierola. De golpe, irrumpieron dos sujetos armados a bordo de una moto 150 cm cúbicos y, sin mediar otra circunstancia, lo acribillaron con 6 balazos 9 mm.

Cuando arribó al lugar el móvil 97 de la Policía de Entre Ríos, Vargas agonizaba. Fue trasladado de urgencia al Hospital Masvernat, donde finalmente falleció antes de las 23. Las balas que habían ingresado a su cuerpo eran varias. Una le atravesó el cráneo, otra perforó el tórax y una tercera la región lumbar.

Tres testigos presenciales declararon que Vargas estaba en el kiosco -en una zona de Concordia que es frecuente escenario de enfrentamientos violentos- cuando fue sorprendido por dos hombres que llegaron en una motocicleta color rojo. Uno de ellos, al que identificaron como Exequiel Rodrigo Alejandro Monzón, bajó del rodado, apuntó y disparó. El otro, Enzo Nicolás Escalante, lo esperó para emprender rápidamente la fuga. En el lugar, se hizo presente el Fiscal Martín Núñez, quien ordenó de inmediato que una comisión policial fuera hasta la casa de Monzón, quien cumple prisión domiciliaria. Allí lo encontraron y lo detuvieron de manera efectiva.

También Escalante cursa prisión preventiva, pero cuando los efectivos llegaron a su residencia, había huido.

Tanto Monzón, miembro de una familia estrechamente ligada a la UOCRA (Unión Obreros de la Construcción), como Escalante, están imputados en otra causa, acusados de formar parte de bandas armadas que habrían protagonizado varios hechos de violencia y muerte.

El fiscal Núñez dispuso anoche que tanto a la víctima como a Monzón se les practicara el Dermo – test, pericia que intentará aportar pruebas para la causa.

El despliegue policial en el lugar del crimen incluyó a la Comisaría Séptima, la Jefatura Departamental y las Divisiones Criminalística e Investigaciones, entre otras.

El Juzgado Federal de Concordia, mediante la acción coordinada del Grupo de Operaciones Especiales (GOIP) del Escuadrón 4 de Gendarmería, desveló una compleja red delictiva dedicada a la adulteración de certificados médicos y documentos oficiales con el fin de obtener pensiones no contributivas por invalidez de forma ilegítima. Durante un extenso período de 10 meses, los agentes realizaron tareas de investigación, recopilaron información, llevaron a cabo operativos de campo y realizaron búsquedas exhaustivas en diversas bases de datos. Como resultado, identificaron a punteros barriales, personal médico y otros cómplices necesarios de la organización involucrados en estas prácticas fraudulentas. Los nombres de cada uno de los imputados y el modus operandi de estas asociaciones ilícitas.

La semana pasada se conoció que la investigación sobre las pensiones “truchas” que significó una estafa millonaria a la ANSES perpetrada por punteros barriales y profesionales médicos se divide en dos etapas fundamentales, cada una con objetivos específicos. Una primera etapa de detección de pensiones irregulares donde se evalúa el perjuicio causado al Estado por cada Pensión No Contributiva (PNC) otorgada fraudulentamente, para identificar las irregularidades en el proceso de concesión de estas pensiones, determinando el monto total de la defraudación, y una segunda etapa para determinar la responsabilidad de médicos y gestores.

Uno de los principales involucrados es Hugo Doroteo Cabrera, alias «Tutuca». Este hombre, un jubilado de 67 años de la Salud pública, domiciliado en la zona sur de la ciudad, se le imputa la falsificación de certificados y liderar una de las asociaciones ilícitas.

Dentro de la organización del “Tutuca” Cabrera, se encuentra Pedro Alejandro Altamirano, un empleado público provincial de 38 años que realizaría gestiones para estos trámites fraudulentos. También dentro de este grupo se encuentra Hilaria Isabel Méndez, alias «Isa», un ama de casa de 50 años, pensionada, y administradora del comedor “Ojitos Tristes” del barrio Constitución.

Por otro lado, se encuentra la puntera barrial del barrio “El Silencio”, Cristina Alicia Repetto, una empleada de la provincia de 63 años, presunta líder de una segunda organización dedicada a la obtención ilegal de pensiones por discapacidad.

Dentro de su organización se encuentra Yanina Esperanza Meyer, alias «Yani» y Maximiliano José Monzón. Ambos son empleados de la provincia y miembros activos de la asociación ilícita, según determinaron las investigaciones.

Entre otros involucrados en la organización de «la puntera» Repetto se cuentan: Sara Magdalena Cheruzzo, empleada de Servimoto, por la gestión irregular de pensiones, Graciela Soledad González, una ama de casa de 42 años, también miembro activa de la organización , y Érica María Silvana Abreu, empleada de la Agencia Nacional de Discapacidad, involucrada en la carga de certificaciones médicas falsas.

De acuerdo a lo que pudo establecer este medio, estas organizaciones criminales, lideradas por Cabrera y Repetto, operaban de manera coordinada y organizada desde al menos el año 2022 hasta diciembre de 2023.

A los miembros de estas a dos organizaciones, que funcionaban de manera independiente, una liderada por Cabrera y otra por Repetto, se les imputa cometer delitos con el objetivo principal de defraudar a la Administración Pública Nacional. Los miembros de estas redes se dedicaron, coordinada y organizadamente, a gestionar beneficios ilegales, específicamente pensiones no contributivas por invalidez, a cambio de sumas de dinero que oscilaban entre $30,000 y $60,000. Se les imputa la manipulación ilegal de firmas médicas para tramitar dichas pensiones, presentando documentos donde las personas indicadas no padecían las patologías allí consignadas, o tampoco contaban con el porcentaje/grado de discapacidad supuestamente diagnosticado en el Certificado Médico Obligatorio requerido para acceder a la prestación la ANSES/ANDIS.

En el caso de la red liderada por Cabrera, se le atribuye también la gestión de Carnets Únicos de Discapacidad (CUD) presuntamente falsificados. Utilizando el certificado de Cabrera como modelo, los delincuentes insertaban los datos de los adquirentes a cambio de sumas variables. Este documento permitía a los beneficiarios movilizarse gratuitamente en el transporte público local.

Hugo Doroteo Cabrera y Cristina Alicia Repetto surgieron como líderes de estas asociaciones, organizando las actividades ilícitas y fijando montos de dinero por cada trámite ilegal. Pedro Altamirano y Yanina Meyer, entre otros, desempeñaban roles específicos, desde la gestión de documentación hasta la atención de consultas y dudas de los clientes.

Las redes contaban con personas encargadas de regentear y conseguir nuevos clientes/pensionados, cobrando montos fijos por la gestión. Graciela Soledad González y Sara Magdalena Cheruzzo lo harían por parte de la organización liderada por Repetto, mientras Hilaria Isabel Méndez cumplía un papel similar en la de Cabrera.

Ambas organizaciones delictivas también habrían contado con la colaboración de numerosas personas que regenteaban y captaban nuevos “clientes”, a cambio de un monto de dinero por cada supuesto pensionado que fuera puesto en contacto con las estructuras criminales.

No se descarta que como parte de pago hayan ofertado a cada «cliente» el trámite de una “pensión gratis”, cada cuatro o cinco nuevos “clientes”.

Los profesionales médicos

En cuanto a los nombres de los profesionales médicos investigados por prestar colaboración, todavía no tienen imputación de parte de la justicia federal. Sobre estos profesionales se investiga si, a cambio de sumas de dinero, habrían certificado enfermedades inexistentes o no relacionadas con las patologías alegadas por los beneficiarios.

La causa judicial, que se tramita en el Juzgado Federal bajo la denominación «Cabrera Hugo Doroteo y otros s/ Falsificación de documentos públicos, defraudación contra la administración pública, asociación ilícita,» sigue abierta, y se espera que se esclarezcan más detalles sobre la participación de los profesionales de la salud y otros posibles implicados en estas prácticas fraudulentas.

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