En el marco del conflicto en la fábrica de baterías FADEMI, ubicada en Larroque, departamento de Gualeguaychú, el asesor legal de la empresa, Pablo Torres Barthe, rechazó enérgicamente las denuncias realizadas por el Sindicato de Químicos y Petroquímicos. Según el sindicato, la planta no cumple con normas básicas de seguridad e higiene, lo que pone en riesgo la salud de los trabajadores. Sin embargo, Torres Barthe aseguró que estas acusaciones son infundadas y responden a motivos ajenos a la realidad operativa de la empresa.
Torres Barthe sostuvo que FADEMI cumple estrictamente con todas las normativas de seguridad e higiene, respaldado por auditorías internas y externas. “La empresa no solo está bajo la supervisión de las autoridades competentes, sino que además se somete cada seis meses a auditorías de tres normas ISO, realizadas por consultoras que verifican el cumplimiento de todos los estándares”, afirmó.
Respecto a las inspecciones motivadas por el conflicto, explicó que fueron solicitadas por la misma empresa al Ministerio de Trabajo. Según sus declaraciones, las observaciones realizadas en las inspecciones iniciales fueron “mínimas” y rápidamente solucionadas. “Esto arrancó con una falsa denuncia, un falso argumento de problemas de seguridad e higiene, y quedó demostrado que no había fundamentos”, insistió.
El asesor legal también vinculó el conflicto con la negociación paritaria a nivel nacional, sugiriendo que el sindicato utilizó el reclamo como una estrategia para presionar por mejores acuerdos salariales. “Es como si de la noche a la mañana entendieron que había problemas de seguridad e higiene y, en lugar de dialogar, tomaron medidas extremas como una huelga”, señaló Torres Barthe.
Ante la negativa de parte del plantel de empleados a trabajar en estas condiciones, la empresa aplicó descuentos salariales, una decisión que, según Torres Barthe, está respaldada por la legislación vigente. “Si alguien se niega a trabajar sin fundamento, la empresa tiene derecho a descontar los días no trabajados”, explicó. A pesar de las sanciones, el conflicto escaló y hoy llegan a 34 los despidos en la empresa.
Mientras las tensiones continúan, el Ministerio de Trabajo habría intentado mediar entre ambas partes, aunque hasta ahora sin resultados concluyentes. Desde la empresa sostienen que no se pueden sentar a negociar en un contexto de denuncias falsas por parte del gremio. Por su parte, el gremio ha intensificado las protestas, exigiendo la reincorporación de los trabajadores despedidos, mejores condiciones laborales; e incluso amenazando con extender el conflicto y las medidas de fuerza hasta el parque industrial de Gualeguaychú, a 40 kilómetros de Larroque donde está localizada la empresa.