En los últimos días, el Gobierno Nacional presentó un proyecto que permitiría la disolución de matrimonios directamente en el registro civil, sin la necesidad de intervención de jueces ni abogados, bajo un mecanismo que se denominaría “disolución administrativa del matrimonio”. La propuesta ha generado un fuerte rechazo en el ámbito jurídico, incluyendo la firme oposición de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), que agrupa a 82 colegios en todo el país.
María Marta Simón, presidenta del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, en diálogo con Radio Pública, expresó el malestar generalizado de la comunidad jurídica frente a la iniciativa. “Todo el mundo jurídico está en contra de este proyecto tal como está planteado”, afirmó Simón, quien destacó que no solo los colegios de abogados, sino también la FACA, se han manifestado en contra.
Simón explicó que el principal problema del proyecto es que reduce el proceso de disolución matrimonial a un mero trámite administrativo, en el cual las partes solo tendrían que declarar ante el jefe del registro civil su deseo de divorciarse. Según la presidenta del Colegio de la Abogacía, este enfoque no contempla la complejidad inherente al proceso de disolución del matrimonio.
“La disolución del matrimonio no es solo la voluntad de las partes de dejar de convivir. Involucra una serie de decisiones que requieren asesoramiento legal, y este proyecto no contempla absolutamente nada de eso”, señaló Simón. Asimismo, subrayó que el Código Civil Argentino es un sistema integral que no puede ser desarticulado con la inclusión de un mecanismo que ignore aspectos clave como la división de bienes, la custodia de hijos, o la protección de los derechos de las partes involucradas.
La oposición de los abogados se basa en la preocupación de que este tipo de procedimientos administrativos podría dejar a las personas en una situación de indefensión, al privarlas del debido asesoramiento legal necesario para garantizar que todas las cuestiones derivadas del divorcio se resuelvan de manera justa y adecuada. “No se puede ir a una oficina administrativa y decir simplemente ‘me quiero divorciar’, sin considerar las implicancias jurídicas y personales que esto conlleva”, concluyó.