La gestión liderada por el intendente Francisco Azcué ha presentado ante la justicia una solicitud para investigar presuntas irregularidades que podrían constituir una defraudación a la administración pública, así como las responsabilidades de ex funcionarios en dichos actos.
La presunta defraudación a la administración pública se deriva del proceso de alquiler de vehículos tipo camioneta, llevado a cabo mediante un sistema de compra directa sin concurso o licitación, destinado a tareas operativas de la Dirección de Mantenimiento de Calles Pavimentadas y ejecución de obras públicas durante el año 2023.
De manera llamativa, la adquisición de este servicio se detuvo antes del inicio de la actual gestión. Al analizar los expedientes administrativos de pagos anteriores a la asunción de la nueva gestión, se constató la falta de constancia sobre la prestación de los servicios contratados.
Además, se ha observado que algunos de los presuntos prestadores del servicio tienen vínculos familiares directos con ex funcionarios municipales.
En cuanto a las responsabilidades de ex funcionarios, se ha presentado ante la justicia un pedido de ampliación de la denuncia para investigar la entrega en comodato de un camión recolector de residuos a una cooperativa de trabajo.
Se sospecha que los ex funcionarios responsables de aprobar el comodato del vehículo no cumplieron con sus obligaciones, ya que el contrato establecía claramente un uso por un lapso de cinco años, sujeto a la ratificación por parte del Honorable Concejo Deliberante, lo cual nunca se llevó a cabo. Por lo tanto, el camión no debería haber estado en posesión de una entidad privada, como finalmente ocurrió.
La municipalidad también anunció que durante la semana se realizarán nuevas presentaciones ante la justicia para investigar y aclarar ciertos actos de gobierno ocurridos en la gestión anterior, con el objetivo de promover la transparencia en los actos públicos.