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El informe que difundió este lunes el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA), indicó que la pobreza trepó del 44,7% en el tercer trimestre del 2023 al 55,5% en el primer trimestre de este año, en tanto que la indigencia pasó del 9,6% a 17,5% en el mismo período.

La pobreza -que se determina por el valor de la canasta básica alimentaria- ya alcanza a 24.9 millones de residentes en áreas urbanas en el país, mientras que unos 7.8 millones de personas de ellos está sumergido en la pobreza extrema o indigencia, de acuerdo con el documento.

«La inseguridad alimentaria total para áreas urbanas relevadas por la encuesta del ODSA-UCA, alcanza al 24,7% de las personas, al 20,8% de los hogares y al 32,2% de los niños, niñas y adolescentes.
Por otra parte, se encuentran en una situación aún más grave, con inseguridad alimentaria severa el 10,9% de las personas, el 8,8% de los hogares y el 13,9% de los niños, niñas y adolescentes (NNyA)», remarca el informe titulado “Deudas sociales estructurales en la sociedad argentina”.

Sobre el mercado laboral, el sondeo revela que «el 32,5% de los ocupados son trabajadores que residen en hogares en situación de pobreza, el 30,9% de los ocupados trabaja en la economía social y, al considerar a la población económicamente activa el 26,5% tiene un empleo precario y el 24,3% un subempleo inestable”.

Como contracara a un contexto de deterioro creciente en la Argentina de los últimos años, se consigna que los índices de mortalidad infantil registraron mejoras entre el 2005 y el 2022, aunque el panorama es dispar y depende de en qué provincia se ponga el foco.

“La tasa de mortalidad infantil, de menores de 1 año y de menores de 5 años, presenta una mejora general a través del tiempo, 2005 a 2022, pero una mayor heterogeneidad entre la situación de cada una de nuestras provincias. En general, al considerar los datos por provincias, se observa que los altos niveles de mortalidad infantil tienden a correlacionarse con altos niveles de indigencia monetaria”, se analiza en el informe del ODSA.

“Si esta norma es aprobada, será una tragedia para los trabajadores. Se intenta habilitar el saqueo sin límites de todas las riquezas de nuestro país”, apuntó Rodolfo Aguiar. El congreso nacional del sindicato también resolvió por votación unánime una medida de fuerza para la última semana de junio ante la amenaza de nuevos despidos.

En un multitudinario Congreso Nacional con participación de dirigentes de todo el país, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un paro de 24 horas con movilización al Congreso de la Nación el día que se trate la Ley Bases en el Senado, y también una medida de fuerza con paros y movilizaciones para la última semana de junio, ante la amenaza de despido de miles de trabajadores.

“Si la Ley Bases es aprobada, será una tragedia para los trabajadores. Esta iniciativa que va a ser llevada al recinto contiene una reforma laboral absolutamente regresiva en materia de derechos, y particularmente en el empleo público contempla un retroceso de manera directa y sin escalas a la última dictadura militar. Se trata de una norma que intenta habilitar el saqueo sin límites de todas las riquezas de nuestro país”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, y agregó: “El día que se debata, nos vamos a movilizar de manera masiva al Congreso para exigirle a los senadores su completo rechazo”.

Cabe recordar que la Ley Bases incluye entre sus artículos una reforma del Estado que pone en disponibilidad incluso a los trabajadores de la planta permanente, incumpliendo con todas las normas de estabilidad laboral contempladas en la Constitución Nacional.

Además, el sindicato ya definió nuevas medidas de fuerza ante la amenaza de nuevos despidos el 30 de junio anunciados por el Gobierno: “Tenemos que impedir que el Gobierno cumpla con su amenaza de una nueva ola de despidos a fin de junio. Por eso, vamos a realizar una medida de fuerza nacional en los días previos al vencimiento de todos los contratos. El Gobierno sigue empecinado en destruir el empleo público y nosotros lo tenemos que evitar”.

Se trata de más de 60 mil los trabajadores de la planta transitoria del Estado cuyos vínculos laborales fueron renovados tan sólo por 90 días y finalizan a fines de junio por decisión del Gobierno.

Entre otras resoluciones, el sindicato también decidió por unanimidad realizar una nueva Jornada Nacional de Lucha con movilización al Ministerio de Defensa, a Agricultura Familiar y a Expoagro, con fechas a definir.

La diputada entrerriana, Blanca Osuna, opinó sobre el senador Edgardo Kueider por su postura ante el tratamiento de la Ley Base y sus recientes comentarios sobre el peronismo. Durante una entrevista en el programa TAREA FINA, Osuna no escatimó en palabras y acusó a Kueider de haber sido parte del gobierno de Gustavo Bordet, señalando su hipocresía al criticar al peronismo del que él mismo formó parte.

Osuna subrayó la responsabilidad compartida de Kueider en la gestión pasada y rechazó sus intentos de distanciarse del peronismo. “A mí que no me venga a correr con que el peronismo tiene responsabilidad porque él fue parte del gobierno”, declaró la legisladora. Según Osuna, Kueider desempeñó un papel crucial en la administración de Bordet, por lo que sus críticas actuales carecen de fundamento y son un intento de desviar la atención de su propia implicación.

La diputada también cuestionó los motivos detrás del apoyo de algunos legisladores al proyecto de la Ley Base, sugiriendo que esconden intereses personales. “Es un engaño absoluto que esconde beneficios individuales en los casos de los legisladores que no son del partido de gobierno”, afirmó. Osuna hizo una distinción entre aquellos legisladores que apoyan el proyecto por convicción y los que lo hacen por conveniencia, señalando que estos últimos traicionan el mandato ético y moral con el que fueron electos.

“La Ley Bases es realmente un abismo que se hunde en la Argentina como factoría”, continuó Osuna, enfatizando los riesgos que, según ella, implica la aprobación de esta ley. Criticó duramente la idea de que el proyecto podría introducir mejoras, calificándolo de un simple ardid para avanzar agendas personales.

Finalmente, la diputada advirtió que las decisiones que tome Kueider en el Senado tendrán consecuencias duraderas. “La tarea clave y la responsabilidad que tiene Edgardo Kueider en el tema de la provincia de Entre Ríos y su representación y la Ley Base es crucial y lo marca para el resto de sus días”, sentenció Osuna, dejando claro que, a su juicio, el legado político del senador dependerá de su actuación en este asunto.

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) ha anunciado un Paro Nacional Docente para el próximo jueves 23 de mayo. Esta medida se toma en unidad con todos los sindicatos docentes del país, en respuesta a la falta de soluciones a diversas demandas salariales, laborales y de financiamiento educativo.

La CTERA ha comunicado que las razones detrás de esta convocatoria son numerosas y de gran importancia para el sector educativo. Entre las principales exigencias se encuentran:

Urgente convocatoria a la Paritaria Nacional Docente.
Restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), cuya eliminación ha significado una disminución salarial de entre el 10% y el 20%.
Financiamiento adecuado para las escuelas y universidades públicas.
Incremento del Presupuesto Educativo.
Envío de recursos para infraestructura escolar.
Envío de fondos para comedores escolares.
Financiamiento para Programas Educativos.
Aumento de emergencia a los salarios de los docentes y los jubilados del sector.
Rechazo al traspaso de las Cajas Provinciales a la Nación.
Oposición a la modificación de los Regímenes Jubilatorios Docentes Nacionales y Provinciales.
Cese de los despidos y reincorporación de los trabajadores despedidos en áreas educativas de la Nación.

El paro incluirá una sesión en el Congreso de la Nación, donde las Comisiones de Presupuesto y de Educación de Diputados debatirán sobre el financiamiento universitario y la restitución del FONID. Paralelamente, la CTERA organizará una concentración frente al Congreso para presionar por el tratamiento urgente de estos temas.

Desde diciembre de 2023, la CTERA ha estado reclamando soluciones al Gobierno Nacional y a la Secretaría de Educación de la Nación. La falta de respuesta, señalaron, ha llevado a una pérdida significativa del poder adquisitivo de los docentes, con algunos salarios estancados en 250 mil pesos, y ha generado un desfinanciamiento que afecta todas las áreas educativas, exacerbando los conflictos provinciales por la ausencia del Estado como garante del salario docente y los recursos necesarios.

La CTERA insiste en que el Gobierno Nacional debe asumir su responsabilidad de garantizar la educación pública como un derecho social, tal como lo dictan la Ley de Educación Nacional y la Constitución.

La Cámara de Diputados dio luz verde al proyecto de ley ómnibus propuesto por el gobierno de Javier Milei, marcando un hito en la ruta hacia la desregulación económica y la transformación de varios aspectos clave de la política nacional. Este proyecto contempla medidas que abarcan desde la disolución de organismos estatales hasta la reforma laboral, pasando por la vuelta al Impuesto a las Ganancias y la apertura a privatizaciones de empresas estatales.

La aprobación en general del proyecto contó con 142 votos a favor, 106 en contra y 5 abstenciones. Posteriormente, se solicitó la votación nominal de varios artículos y se abordaron cuestiones de privilegio.

Sin embargo, la discusión sobre las facultades extraordinarias delegadas al presidente Milei, el cierre de organismos públicos, la primera ronda de privatizaciones de empresas estatales y la reforma laboral quedaron pendientes para futuras votaciones nominales.

Posiciones de los bloques:

A favor:
El bloque oficialista de la Libertad Avanza (LLA), en su totalidad.
Integrantes del PRO de Mauricio Macri.
Hacemos Coalición Federal liderado por Miguel Pichetto.
UCR, con excepciones de algunos legisladores críticos.
Integrantes de Innovación Federal.
Diputados del Movimiento Popular Neuquino (MPN).
En contra:
Unión por la Patria (UxP).
Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT).
Con disidencias internas:
Natalia de la Sota (cordobesa).
Mónica Frade de la Coalición Cívica (CC).
Algunos legisladores del socialismo santafesino.
Facundo Manes, Pablo Juliano, Fernando Carbajal y Marcela Coli del radicalismo, quienes se abstuvieron.
La sesión, que se extendió por más de 20 horas, culminó con discursos tanto de la oposición como del oficialismo. Leopoldo Moreau, representante de la oposición, hizo hincapié en el rechazo al llamado Pacto de Mayo de Milei, mientras que Gabriel Bonoroni, líder del bloque de La Libertad Avanza (LLA), destacó el supuesto respaldo de la ley a los trabajadores, a pesar de la firme oposición de los gremios y organizaciones laborales. Bonoroni enfatizó en la reducción del Estado y enumeró los logros del Gobierno que, según él, promueven la libertad económica.

La Cámara baja no alcanzó este miércoles el quórum necesario para realizar la sesión especial pedida por el bloque Unión por la Patria, para analizar una serie de temas incómodos al gobierno. Casi una treintena de proyectos fueron puestos a consideración sobre temas de sumo interés, entre ellos la crisis universitaria, la reposición del Fonid y la movilidad jubilatoria.

Pedro Galimberti, uno de los dos diputados que fueron la excepción, habló con la radio Pública, donde expresó: “Eran temas muy importantes por lo que era necesario estar presentes, no se trata de quiebres sino de tener una mirada diferente ante determinados temas”.

Galimberti comentó en detalle sobre la convocatoria y la importancia de los temas tratados: “A veces se resuelve pensando, bueno, ¿quién convoca la sesión, por un lado? Quien la pida, en realidad, la convocatoria siempre sale a través de la presidencia de la Cámara de Diputados, por tanto, ahí no habría inconveniente. Y específicamente ayer, en estos tres temas que se convocaban, había sido pedido la sesión por Unión por la Patria. Me parece que eso termina siendo, si se quiere, hasta alguna dinámica que puede ser importante para aparecer en los medios, pero que luego impide que buena parte de los que están de acuerdo traten esos temas por tal o cual circunstancia no aconsejan”.

Respecto a los temas específicos tratados, Galimberti destacó la relevancia de cada uno: “En lo personal, y con algunos otros colegas, privilegiamos la importancia de los temas, de la idea, como digo, no de quién había pedido la sesión, porque se trataban no solo las cuestiones vinculadas al aspecto universitario, sino que había dos temas más, que uno era fondo de incentivo docente, un fondo que ha vencido, que hay varios proyectos, y yo he acompañado a alguno de ellos, para que ese fondo se prorrogue en el tiempo, recordemos que eso significa algún incremento en líneas generales para sueldos de los docentes, pero también significa un alivio para el arca del Estado, porque evidentemente termina siendo parte del sueldo de los docentes, que es una responsabilidad también del Estado provincial, y teníamos ahí también el tema de movilidad jubilatoria, entonces había tres temas importantes, a los que consideramos que era necesario estar en la sesión de ayer, así que creo que eso es lo que aconteció, no se trata de enredos, pero sí de algunas miradas diferentes que tenemos dentro de nuestro bloque respecto a tiempos de tratar determinados temas”.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) ha revelado este viernes los preocupantes datos sobre la inflación en marzo de 2024, junto con el costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica Total (CBT). Los precios al consumidor aumentaron un 11% con respecto a febrero, marcando un incremento del 287,9% en comparación con el mismo mes del año anterior, y acumulando un alza del 51,6% en el primer trimestre del año. El sector de Educación fue el ítem que registró el mayor incremento con un 52,7%. Una familia tipo de dos adultos y dos menores necesitó contar con ingresos por $773.385 para evitar la pobreza, y $358.048,65 para no caer en la indigencia.

La inflación de marzo de 2024, según el Indec, marca una ligera disminución respecto al mes anterior, que se ubicó en 13.2%. Sin embargo, en comparación interanual, el aumento alcanza un preocupante 287,9%, el más alto en 33 años, según el propio organismo.

Entre los sectores que experimentaron mayores aumentos, se encuentra Educación con un 52,7%, debido a los fuertes incrementos en las cuotas de colegios. Le sigue Comunicación con un 15,9%, ante las subas en las tarifas de telefonía e internet, y Vivienda, agua, electricidad, gas y combustibles en tercer lugar, con un 13,3%, debido al incremento en las facturas de electricidad.

En cuanto a las necesidades económicas de las familias para no caer en la pobreza, el INDEC detalló que la Canasta Básica Total, que no incluye el costo del alquiler de vivienda, aumentó un 11,9% en marzo. Por lo tanto, una familia tipo de dos adultos y dos menores necesitó contar con ingresos por $773.385 para evitar la pobreza.

Por otro lado, el costo de los productos que conforman la Canasta Básica Alimentaria subió un 10,9% en el tercer mes del año. En consecuencia, esa misma familia necesitó ingresos por $358.048,65 para no caer en la indigencia.

La Asociación de Generadores de Energía Eléctrica de la República Argentina (AGEERA) ha emitido una alerta sobre la delicada situación financiera que enfrenta el Sistema Eléctrico Argentino, advirtiendo que se encuentra al borde del colapso debido a la falta de pago por parte de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA). Este medio pudo acceder a las cartas que la asociación envió al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo y al gerente de CAMMESSA alertando de una situación insostenible que pone en riesgo el sistema eléctrico de la Argentina.

En una nota dirigida al Gerente General de CAMMESA, Ing. Jorge Garavaglia, Gabriel Baldassarre, Presidente de AGEERA, expresó su preocupación por la crítica situación que enfrentan los generadores de energía eléctrica en el país. Baldassarre recordó a CAMMESA la importancia de cumplir con las normativas vigentes respecto a la imputación de pagos, destacando la necesidad de priorizar la cancelación de saldos impagos correspondientes a transacciones anteriores.

Por otro lado, AGEERA también hizo llegar una comunicación al Ministro de Economía, Luis Caputo, informándole sobre la falta de transferencias por parte del Tesoro Nacional para hacer frente a las obligaciones financieras de CAMMESA. Según lo expresado en la nota, de los $1.813.502 millones solicitados por CAMMESA para el primer trimestre de 2024, solo se recibió un 26% de los fondos requeridos.

Esta situación ha llevado a que CAMMESA adeude a los Agentes Generadores aproximadamente $975.000 millones de pesos correspondientes a transacciones anteriores, poniendo en riesgo la continuidad operativa del Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

Ante esta situación crítica, los generadores de energía eléctrica se han visto obligados a tomar medidas extremas, como reprogramar mantenimientos, aplazar tratamientos de paritarias sindicales y diferir la cancelación de costos operativos corrientes.

La falta de pago por parte de CAMMESA representa una amenaza seria para la estabilidad del sistema eléctrico argentino y podría tener repercusiones negativas en el suministro de energía en todo el país. Las autoridades pertinentes son instadas a tomar medidas urgentes para abordar esta situación y evitar un posible colapso del sistema eléctrico nacional.

Carta al ministro Caputo:

“Como es de su conocimiento, el Tesoro Nacional no está transfiriendo las sumas que periódicamente informa y solicita CAMMESA a la Secretaría de Energía, respecto a las “Necesidades Financieras para el MEM”, para el cumplimiento de sus obligaciones mensuales en virtud de la política tarifaria vigente. En
efecto, de los $1.813.502 millones que solicitó CAMMESA para hacer frente a los pagos del primer trimestre de 2024, sólo recibió del Tesoro Nacional $ 470.645 millones, es decir, un 26% de los fondos requeridos.

A consecuencia de ello, CAMMESA aún adeuda a los Agentes Generadores aproximadamente $ 975.000 millones de pesos correspondientes al saldo de ventas realizadas en noviembre de 2023 y la totalidad de las ventas de los meses de diciembre de 2023 y enero de 2024, que operaron el 14/02/2024 y 11/03/2024. Con el agravante que la semana próxima vencen las ventas realizadas en febrero del
corriente año.

En esta situación crítica y de gran incertidumbre, nuestros asociados, para sostener operativas las Centrales de Generación, han tenido que reprogramar mantenimientos, aplazar el tratamiento de paritarias sindicales y diferir la cancelación de costos operativos corrientes, afectando el desarrollo normal de nuestra actividad y poniéndose en riesgo la continuidad operativa del Sistema Argentino de Interconexión (SADI).”

La nota a CAMMESSA:

“Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en mi carácter de Presidente de la Comisión Directiva de la Asociación de Generadores de Energía Eléctrica de la República Argentina -AGEERA-, con domicilio en Av. Tomas A. Edison 2151 – Dársena E – Puerto de Buenos Aires – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en
representación de nuestros asociados, a efectos de recordarle, que los fondos disponibles para la cancelación de deudas con los agentes acreedores del Mercado Eléctrico Mayorista (“MEM”), deben ser imputados de conformidad a lo dispuesto en el Apartado 5.6 del Capítulo V “Liquidación de los Acreedores” de los Procedimientos para Programación de la Operación, el Despacho de Cargas y el Cálculo de Precios (“Los Procedimientos”) aprobados por la Resolución N° 61 de fecha 29 de abril de 1992 de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, sus modificatorias y complementarias. Dicha norma dispone en su segundo párrafo, que “De existir saldos impagos referidos a distintos períodos mensuales, la imputación se realizará en todos los casos a partir del más antiguo”.

Por esa razón le solicitamos que, con los fondos actualmente disponibles en sus cuentas y los que reciba en el futuro, proceda a la cancelación de los saldos impagos de la transacción de noviembre previo a proceder a abonar ninguna deuda más reciente. Como se ha discutido en el pasado directorio, tal como nos fuera informado por nuestros representantes, las diferencias de cambio de los contratos de abastecimiento denominados en dólares estadounidenses, forman parte del precio rankeando en orden de prioridad a la par que los pagos parciales ya efectuados por dichos contratos.

Por dicha razón resulta indispensable a los efectos del cumplimiento de las normas aplicables, proceder a la cancelación de dicho concepto correspondiente a la transacción del mes de noviembre antes de comenzar a cancelar saldos impagos de períodos mensuales más recientes. Cualquier apartamiento de dicha norma ya sea por una interpretación o por vía regulatoria vulnerará el principio de proporcionalidad establecido en la misma, incumpliendo además contratos cuyo pago ha sido respetado
ininterrumpidamente durante los últimos 12 años.

Este gravísimo hecho obligaría a los generadores afectados a informar a los mercados y judicializar la situación, lo cual sería una pésima señal no solo para el mercado eléctrico, sino para los mercados que han financiado gran parte de las ampliaciones necesarias para el suministro de la energía bajo los mencionados contratos.

Por último, es importante destacar que, de ocurrir, cualquier cambio regulatorio que altere el orden de prelación en el pago de los contratos en dólares implicará una rotura de los contratos oportunamente firmados, con la consecuente afectación de la seguridad jurídica y el desincentivo a realizar nuevas inversiones en el sector.”

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