Para los concejales del PJ, el aumento del boleto es más ajuste a la clase trabajadora, estudiantes y jubilados

El Bloque de Concejales Justicialistas de Concordia manifestó su rechazo al reciente aumento del boleto de colectivos y a la derogación de la Ordenanza N° 38.326, medidas aprobadas por los bloques de Juntos por el Cambio (JxC) y La Libertad Avanza (LLA) en el Concejo Deliberante. En una declaración pública, los concejales justicialistas expresaron su preocupación por el impacto negativo que esta suba tendrá en los usuarios del transporte urbano, mayormente trabajadores, estudiantes y jubilados.

“Los usuarios del transporte urbano no deben ser la única variable de ajuste”, señalaron desde el Bloque Justicialista. Argumentaron que el municipio y las empresas o cooperativas prestadoras del servicio deben encontrar un equilibrio que no recargue el costo del boleto en los sectores más vulnerables y de menores ingresos de la población.

Los concejales justicialistas criticaron que, en lugar de considerar la creación de un fondo compensador para amortiguar el precio del boleto, se haya optado por trasladar directamente los incrementos de costos del servicio a los usuarios. Según su propuesta, este fondo, financiado por el municipio, podría haber mitigado los aumentos hasta que se estabilice la situación económica, aliviando el impacto en el bolsillo de los concordienses.

Desde el bloque indicaron que el proyecto del Fondo Compensador fue trabajado desde el primer aumento del boleto del año, en respuesta a las solicitudes de comerciantes, estudiantes y otros sectores que pidieron evitar más aumentos en el transporte público. Según los concejales, “los argumentos de que tenemos que acostumbrarnos a pagar los costos de los servicios tal cual son, son fáciles de decir para quienes llegan a fin de mes o tienen saldadas sus necesidades básicas, pero lamentablemente la realidad de muchos es distinta”.

Consideraron que este nuevo aumento va en contra de la justicia social y representa un ajuste que perjudica directamente a la clase trabajadora y a los sectores más vulnerables. “Es una quita directa del salario a los que menos tienen y no es sobre algo suntuario que se pueda optar por utilizar o no; los usuarios necesitan del transporte público para poder trasladarse”, afirmaron.

También destacaron que en muchas partes del mundo el transporte público es subsidiado por los beneficios que aporta al desarrollo de las ciudades. “Es un servicio público, por lo que es deber del Estado intervenir para que sea una herramienta positiva y no un perjuicio”, añadieron.

Finalmente, los concejales justicialistas instaron al municipio a no ser un mero mediador que traslada costos directamente a los usuarios, sino a gestionar y proponer alternativas, especialmente ante la actual situación económica. “La salida no es seguir ajustando a las y los vecinos, sino encontrar soluciones que los ayuden a vivir mejor, no peor”, concluyeron.

Scroll al inicio