La Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) se encuentra tomada desde el lunes por docentes y estudiantes en una medida que busca rechazar el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario. La decisión de ocupar el edificio se suma a las acciones de lucha que se están desarrollando en distintas universidades públicas del país, con el objetivo de visibilizar los graves efectos que el ajuste presupuestario está teniendo sobre la educación superior.
La toma, que implica la suspensión de actividades regulares pero permite la realización de mesas de examen, clases públicas y actividades culturales, se mantendrá hasta el jueves, coincidiendo con el paro nacional convocado por los gremios docentes y no docentes. Sin embargo, el futuro de la medida de fuerza podría extenderse, según lo decidan en una nueva asamblea programada para el viernes 18 de octubre.
En diálogo con Radio Pública, el vicedecano de la Facultad de Trabajo Social, Pablo Barberis, brindó detalles sobre el origen y las consecuencias de esta protesta. Barberis explicó que los recortes presupuestarios afectan diversas áreas fundamentales para el funcionamiento de la universidad, como el pago de salarios y el financiamiento de proyectos de investigación y extensión. “Venimos sufriendo recortes en las partidas destinadas a programas y salarios del personal docente y no docente. Esto responde al intento del gobierno de reducir compromisos de deuda a costa de la educación”, afirmó.
El vicedecano destacó la importancia de la educación pública como un derecho fundamental y criticó los argumentos del gobierno para justificar los recortes, que, según él, suelen basarse en acusaciones de malversación de fondos sin pruebas suficientes. “Nos mandan partidas para sueldos, investigación y extensión, y en el último tiempo venimos sufriendo recortes en todas estas áreas. La universidad pública es una ventana que permite visibilizar un futuro diferente para personas que de otra manera no podrían acceder a un sistema universitario”, señaló.
La toma de la Facultad de Trabajo Social de la UNER se inscribe en un contexto de creciente malestar dentro de las comunidades educativas de todo el país. Docentes, estudiantes y personal no docente denuncian que las políticas de ajuste del gobierno nacional están llevando al desmantelamiento progresivo de la educación superior, afectando no solo los salarios, sino también el acceso a becas como las Progresar, la infraestructura de las universidades y la continuidad de programas esenciales.
En este sentido, la asamblea de la Facultad convocó a una nueva reunión interclaustros e intersectorial para el viernes 18 de octubre, con el objetivo de coordinar acciones de lucha y construir una tercera marcha educativa, programada para el 22 de octubre, que aglutine a todos los sectores afectados por el ajuste.
La lucha por la defensa de la universidad pública no es nueva, y los actores involucrados insisten en que es una pelea histórica por la igualdad de oportunidades y el acceso gratuito a la educación. “A lo largo de los años hemos visto diferentes gobiernos intentando reducir el presupuesto universitario, pero esta vez es diferente: la gente está defendiendo lo que valora, que es la universidad pública”, concluyó Barberis, destacando que la resistencia ante el ajuste va en aumento y las comunidades educativas no están dispuestas a retroceder en sus conquistas.
Este jueves, se espera que miles de personas se sumen al paro nacional universitario y a las actividades de visibilización en todo el país, en una jornada clave para el futuro de la educación pública en Argentina.