El Senado provincial ha otorgado media sanción al proyecto de Ley que declara en el ámbito de Entre Ríos el estado de emergencia pública, económica y financiera en materia de obras públicas. Esta medida busca solucionar la compleja situación financiera de la provincia mediante propuestas de pago, evitando judicializaciones y reactivando empleos perdidos mediante una gestión ágil y transparente de los procesos administrativos. Laura Hereñú, presidenta de la Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, enfatizó la importancia de transparentar los procesos administrativos y cumplir con los compromisos de pago para garantizar la continuidad de las obras públicas y la reactivación del sector de la construcción en la provincia.
Hereñú explicó que esta ley proporciona un marco legal para que el Ejecutivo provincial pueda renegociar las deudas con las empresas constructoras, deteniendo así la judicialización de este conflicto.
La dirigente contó que “nosotros nos sentamos con el gobernador que entró en gestión hace cien días y dijimo: ‘bueno la situación financiera de la provincia es compleja, vamos a escuchar la propuesta de pago que están teniendo’. Esta propuesta de pago se demoró también por problemas administrativos y recién hoy se está concretando gran parte de esta deuda en algunas pocas empresas han judicializado y siguen en este esquema y otras se acogieron al plan de pago que el gobierno está proponiendo y dentro de este plan de pago la idea es poder continuar las obras en un ritmo más lento que son los que las finanzas de la provincia proponen que es lo que están buscando con esta ley frenar la judicialización”.
La presidenta de la Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción resaltó la necesidad de agilizar los procesos administrativos y garantizar el pago oportuno a las empresas contratistas. Según Hereñú, “nosotros como cámara una de las propuestas que hacemos es agilizar y transparentar los procesos administrativos y, por sobre todas las cosas, pagar en tiempo y forma para que los 4.000 puestos de trabajo que se han perdido vuelvan a reactivarse, así sea tímidamente, así sea la mitad”.
Actualmente, algunas empresas han optado por judicializar el conflicto, mientras que otras han aceptado el plan de pago propuesto por el gobierno.